DF Capital Sostenible | Taxonomía: una puerta de salida de la torre de Babel

El creciente interés de inversionistas (y otros stakeholders) por entender el desempeño de los negocios desde una perspectiva más integral se ha sumado a una serie de regulaciones que obligan a las empresas a divulgar sus aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (la sigla ASG). Como en todo nuevo proceso, han proliferado las nomenclaturas, métricas y conceptos, generando lo que algunos denominan una torre de Babel: múltiples lenguajes muchas veces incomprensibles para los propios participantes.

Un paso importante para ir aclarando el panorama se dio el año 2021 cuando se conformó el ISSB (International Sustainability Standards Board) como marco global para la revelación de información ASG en empresas consolidando diversos estándares -como TCFD y SASB- bajo un mismo marco. En Chile, por su parte, también se avanzó de la mano de la norma de carácter general 461 de la CMF que obligar desde 2022 a las entidades reguladas a reportar sobre distintas dimensiones de gobierno corporativo, gestión de riesgos ambientales y sociales y también climáticos y efectos de la empresa en el medio siguiendo altos estándares internacionales.

“Su característica de bien público, basado en las propias metas ambientales que el país ha definido, permite que los emisores e inversionistas tengan claridad respecto de los pilares ambientales que integran las operaciones productivas”.

¿Cuáles son las tareas pendientes? En primer lugar, es clave asegurar la calidad de la información entregada mediante una combinación de supervisión, análisis y mecanismos de validación. Si la información no es precisa, poco aporta al buen funcionamiento del mercado financiero y poco informa a los diversos stakeholders que usan dicha información.

En segundo lugar, es importante avanzar en definir criterios comunes para definir lo que entendemos por sostenibilidad. La falta de un lenguaje común lleva a cada entidad a definir estándares propios, haciendo que la información sea difícil de comparar, generando un efecto (muchas veces no intencionado) de greenwashing y potencial desconfianza en la opinión pública y los mercados. Por ejemplo, la CMF reportó que mientras las temáticas ESG están relativamente instaladas en la industria de gestión de fondos en Chile, existen diversidad de metodologías de inversión y divulgación al público que hacen difícil al inversionista entender cuando un fondo es sostenible.

Para avanzar en estos criterios comunes es especialmente relevante el anuncio del Ministerio de Hacienda de tener una taxonomía para Chile hacia fines de este año. Esto permitirá contar con una nomenclatura común para entender cuándo una actividad económica se está llevando a cabo de una manera medioambientalmente sostenible. Su característica de bien público, basado en las propias metas ambientales que el país ha definido, permite que los emisores e inversionistas tengan claridad respecto de los pilares ambientales que integran las operaciones productivas.

Existen más de 35 jurisdicciones que cuentan o están en proceso de desarrollar una taxonomía, entre ellas la Unión Europea, México y Colombia. Al caminar Chile hacia su propia taxonomía, puede incluir sectores relevantes como la minería que no está presente en otros sistemas. Con todo, es clave que la taxonomía que se desarrolle permita la interoperabilidad, reduciendo costos transfronterizos y atrayendo inversiones sostenibles del exterior. Un enfoque pragmático, que pueda ser fácilmente comprendido por las empresas y los inversionistas, contribuirá a salir de la torre de Babel e impulsar los compromisos con el desarrollo económico sostenible.